Caciques del Polisario acusados por la justicia española de genocidio

La impunidad en los campamentos de Tinduf encuentra finalmente un eco en el reino ibérico. Los dirigentes del Polisario que gobernaron con una mano de hierro en los campamentos de refugiados saharauis en el suroeste de Argelia están ahora ante los tribunales españoles. Una investigación judicial fue abierta en contra de los pesos pesados de la jerarquía de la dirección del Polisario, el Fiscal General español de la cámara 5 de la Audiencia Nacional española, Pablo Rafael Ruz Gutiérrez.
Los demandados son acusados de «genocidio, de tortura, de desaparición forzada, detención ilegal y de graves violaciónes de los derechos humanos» contra los civiles saharauis asentados en los campamentos de Tinduf, en el desierto argelino.
Se trata de Brahim Ghali, representante del Polisario en Argel, Sid Ahmed Batal, Ministro de Información (propaganda), Bachir Mustafa Sayed, Ministro de Educación (ideológica), Mohamed Khaddad, ex jefe de seguridad de las milicias armadas y actual coordinador del frente con la MINURSO. También están en la lista de los acusados, según Andalousie press, Brahim Biadillah hermano de Mohamed Cheikh Biadillah, el presidente de la Cámara de Consejeros de Marruecos y el fallecido ex presidente del Parlamento del Polisario, Mahfud Ali Beiba, que es perseguido post mortem.

La Audiencia Nacional española, el más alto tribunal de España ha declarado admisible la denuncia presentada por los saharauis y sus familiares que dicen haber sido víctimas de genocidio, tortura, desapariciones forzadas, detenciones ilegales o de graves violaciónes de los derechos humanos, tantos actos cuyos patrocinadores seriàn los responsables  de todo lo anterior, y que se han cometido con la bendición de las autoridades argelinas. El juez Pablo Rafael Guterres ha aceptado definitivamente la demanda que fue presentada el 14 de diciembre de 2007, por las víctimas saharauis y una ONG Saharaui establecida en España.
Abogados españoles de los demandantes, que sostienen tener pruebas que hariàn condenar los demandados, deben celebrar este jueves, 22 de noviembre, una conferencia de prensa en Madrid para dar más detalles acerca de esta instrucción. Era hora de rendir justicia a centenares de víctimas de crímenes atroces cometidos por los líderes y los torturadores del Polisario contra los inocentes e indefensos en los campamentos de Tinduf.