El Consejo de Gobierno sigue una exposición sobre los efectos jurídicos de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la organización judicial
El Consejo de Gobierno, reunido el jueves por videoconferencia, siguió una presentación sobre «los efectos jurídicos de la decisión del Tribunal Constitucional nº 19.89 del 8 de febrero de 2019 sobre el tema de la ley 38.15 sobre la organización judicial.»
Un comunicado del departamento del Jefe de Gobierno indica que durante la presentación, se señaló que el Tribunal Constitucional había declarado «inconstitucionales» varias disposiciones incluidas en el citado proyecto, especialmente las relacionadas con el secretario general del tribunal y sus competencias y la parte que tiene derecho a supervisarlo, además de otras disposiciones relativas a la unificación del servicio de secretaría en el seno del tribunal, la situación de la fiscalía en los tribunales de comercio, las misiones de inspección encomendadas a la autoridad gubernamental encargada de la justicia, los criterios de designación de determinadas categorías de jueces, las modalidades de convocatoria de la asamblea general del tribunal y la organización de la mesa de asistencia social.
Teniendo en cuenta la importancia de este texto legal para completar la construcción institucional del poder judicial en Marruecos, y su papel en la organización del trabajo de los tribunales y la determinación de las relaciones entre los distintos componentes del sistema judicial, y también teniendo en cuenta las grandes expectativas y esperanzas, los efectos se centraron únicamente en las disposiciones afectadas por la decisión del Tribunal Constitucional, según un amplio enfoque participativo, marcado por la contribución de los distintos actores del sistema judicial, encabezados por el Consejo Superior del Poder Judicial, la Presidencia del Ministerio Fiscal, las asociaciones profesionales de magistrados y las representaciones sindicales de los empleados, destaca la presentación.