Informe de HRW: la parte reservada a Marruecos presenta datos «sin fundamentos ni reales ni jurídicos» – DIDH –
La Delegación Interministerial de Derechos Humanos (DIDH) afirmó que la organización Human Rights Watch (HRW) presentó en el apartado reservado a los derechos humanos en Marruecos y el Sáhara marroquí, en su informe para 2021, datos sin fundamentos ni reales ni jurídicos.
En una respuesta abierta a las alegaciones contenidas en el informe de HRW, la DIDH subrayó que esta organización persiste en «su continua implicación en una campaña política y sistemática contra nuestro país, presentando datos sin fundamentos ni reales ni jurídicos, en contradicción con su enfoque, que recuerda constantemente, y que aboga por la investigación exhaustiva de las violaciones y la revelación de las verdades a gran escala».
En cuanto al sistema de justicia penal, la Delegación Interministerial indicó que HRW «abusa premeditada y sistemáticamente del papel de los jueces y de la celebración de los juicios, argumentando la legitimación de las pretendidas +coacciones y engaños en la firma de los juicios+, sin aportar ningún argumento que emane de su observación de la celebración de los juicios o de una lectura minuciosa de las sentencias y decisiones judiciales, y mucho menos de cualquier otra observación profesional realizada por otra parte.
La Delegación añadió que HRW «ignoró todo esto, a pesar de que las sesiones de los tribunal eran públicas, y de que el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió informes y comunicados de observación que merecían ser tenidos en cuenta», subrayando que «correspondía a una organización internacional, que se jacta de ser reveladora de las verdades, ir en busca de datos de diversas fuentes, pero eligió el camino de la contestación política».
En cuanto al sistema de justicia penal, la DIDH señaló que «las garantías que ofrece el actual procedimiento penal reflejan los avances realizados en materia de respeto a los derechos humanos en nuestro país, así como su interacción con sus compromisos internacionales. En cuanto al desarrollo de este sistema en términos de garantías jurídicas, es una cuestión de soberanía nacional y su seguimiento depende de las orientaciones del poder ejecutivo y de lo que decida el parlamento. En resumen, el intento de HRW de socavar el sistema de justicia penal marroquí es rechazado categóricamente”.
En cuanto a la libertad de creación de asociaciones, la Delegación Interministerial consideró que Human Rights Watch persiste en su planteamiento político opuesto, ya que dedicó un párrafo a una asociación que consideró la mayor ONG de derechos humanos, alegando que fue obstaculizaba en su acción y que las autoridades se negaban a facilitar los trámites oficiales de sus secciones.
El informe de la organización, continuó la DIDH, vuelve a no presentar informaciones que acrediten la veracidad de las violaciones y los hechos relacionados con ellas, ya que no ha revelado ningún dato documentado que pueda justificar sus alegaciones. Tampoco presentó pruebas de que la parte perjudicada hubiera realizado gestiones para disfrutar de lo que la ley garantiza ante la autoridad administrativa competente, ni presentó pruebas de una impugnación ante la justicia administrativa.
La Delegación afirmó, en esta ocasión, que sus antiguos responsables, desde hace tres años y en el marco de los procedimientos, han solicitado, sobre la base de los resultados de una reunión oficial, que se les faciliten los argumentos relativos a la privación de la citada asociación de su derecho a recibir resguardos de depósito legal, pero no han recibido ningún dato al respecto, subrayando, en este sentido, que no puede sino renovar la misma postura.
Según la Delegación Interministerial, «en cualquier caso, y de acuerdo con las decisiones del Consejo Nacional de Derechos Humanos sobre el recurso a la justicia administrativa, y la orientación de la institución del Mediador del Reino, sobre el respeto de las decisiones judiciales, y con el fin de eliminar cualquier ambigüedad, y para proteger el expediente de la explotación política y en cumplimiento de los principios constitucionales de libertad, responsabilidad y pluralismo, la justicia administrativa marroquí es la única que puede pronunciarse sobre alegaciones de este género».
Tras subrayar que «una vez más, parece que el enfoque de Human Rights Watch está marcado por la explotación política y la selectividad sin tener en cuenta los datos del entorno nacional que se da derecho a evaluar», la Delegación Interministerial para los Derechos Humanos anunció que lanzará próximamente un portal electrónico dedicado a la recepción y el seguimiento de las denuncias de violaciones de los derechos humanos, contenidas en el informe del examen especial del Delegado Interministerial, publicado a finales del año pasado”.
La Delegación Interministerial afirmó que se comprometerá, en el marco de sus atribuciones, de los límites de su intervención y con respeto a la transparencia, así como de la recepción de las solicitudes y quejas, a dar seguimiento a su ejecución y a presentarlas a las autoridades e instituciones constitucionales competentes y a incluir su contenido en el informe especial de examen que se publicará a finales de año.
En cuanto a la libertad de expresión, la DIDH señaló que el informe de HRW abordó esta cuestión desde dos ángulos, el primero relacionado con los rumores sobre el supuesto hackeo y espionaje de los teléfonos de algunas personas, y el segundo relativo a la devolución de los casos, algunos de los cuales han sido juzgados y otros están todavía en proceso judicial.
La Delegación Interministerial afirmó que la organización vuelve al primer tema sin tener en cuenta la metodología de revelación de las verdades que pretende seguir, el mismo tema sobre el que el Reino había dado suficientes explicaciones y había recurrido a la justicia.
Añadió que el jefe de gobierno había declarado, en primer lugar, que la organización estaba obligada a aportar pruebas materiales y peritaje científico, y que, en segundo lugar, había enviado una carta a la secretaria general en funciones, pidiéndole aportar pruebas en relación con las alegaciones contenidas en su informe sobre el tema, pero ésta no aportó nada que respaldara sus alegaciones falaces, agregando que el Reino había recurrido a la justicia internacional.
La delegación interministerial precisó que «una vez más, en lugar de revelar y escudriñar los hechos, y presentarlos de manera objetiva, HRW ha tomado el camino más fácil emprendiendo una campaña política contra nuestro país”.
En cuanto a los casos pendientes ante los tribunales y que implican a periodistas acusados de delitos de derecho común, la DIDH rechaza categóricamente responder a este aspecto, dado que la tramitación y la resolución de los casos tiene lugar en los tribunales y entre las partes en conflicto en el marco de las garantías de un juicio justo y bajo la observación de las partes elegibles para esta misión o en el marco de la observación de las sentencias y decisiones judiciales.
«Desgraciadamente, la metodología y el enfoque de HRW en este asunto siguen estando lejos de las tradiciones arraigadas de los derechos humanos. Por lo tanto, sus alegaciones en este sentido siguen siendo una carta de sobrepuja política y nada más», concluyó la DIDH.