Ghaligate : Una justicia bajo ordenes Revelaciones escandalosas (aroapress)
Resulta un tanto curioso que cada vez que el Polisario comete un crimen, la denegación de justicia se pone de manifiesto de manera implacable y los principios de un proceso equitativo son sistemáticamente violados.
Y con razón, la cuestión de Ghali ha revelado tristemente que el control de la justicia y su politización son la consecuencia inmediata de la debililidad de un gobierno español dirigido por un PSOE rehén de Podemos.
Justicia política y denegación de justicia
El control ejercido sobre el Ministerio Público y la sala del Tribunal de Instrucción n°5 consituye una muestra entre tantas sobre la institucionalización de una justicia política marcada por la denegación de la justicia. Un chavismo que deja huella en el gobierno y cuyo único objetivo es desacreditar a las instituciones judiciales así como a sus recursos humanos.
Una de las partes querellantes alerta sobre la decadencia programada del sistema judicial español a través del interrogatorio calificado de farsa judicial, ya que en vez de pararse en las más de 40 preguntas contenidas la comisión rogatoria, sorprendentemente el juez critica a Marruecos.
Esta intervención inoportuna del juez demuestra lo siguiente:
Que las motivaciones políticas son innegables en cuanto a la no aplicación de la justicia, ya que toda irregularidad de un acuerdo bilateral compete al poder ejecutivo. Por lo tanto, la reacción política del procurador lo convierte en porta voz del gobierno.
Que la justicia española está irremediablemente perdiendo independencia debido a la injerencia, e incluso usurpación por parte de la política. Si es verdad que el magistrado se encuentra atado a las instrucciones escritas de su jerarquía siempre tiene el derecho de decir oralmente lo que quiera, en este caso ni la pluma ni las palabras quedaron ajenas al control del Ministerio público.
Que ante la impotencia manifiesta de dar una respuesta judicial a hechos criminales, el procurador se arriesgó en terreno político, un terreno peligroso que precisamente no domina y dejando huellas graves y concordantes sobre la implicación del ejecutivo, que exigía en este caso una decisión judicial orientada políticamente.
Dicha implicación ha quedado reflejada en la exfiltración, disfrazada en decisión judicial, pero que en realidad estaba dirigida y supervisada por el porta voz del gobierno en la sala del Tribunal de Instrucción n°5 quien realmente condujo el debate en lugar del juez.
Un proceso injusto
El ahínco exhibido por el procurador en su pasividad era la misma que la del juez de instrucción.
En su descripción del desarrollo del simulacro de interrogatorio, la parte querellante destaca la violación programada de los derechos de la defensa contradiciendo los principios fundamentales de un proceso equitativo:
Además de haber prohibido, en un primer momento, el acceso de los abogados de las partes civiles al interrogatorio, fueron descaradamente silenciados ya que no se les permitió hacer preguntas al imputado Brahim Ghali.
El juez de instrucción, para protegerse de malas sorpresas y violando las disposiciones del código penal, se abstuvo de hacer preguntas al investigado y se convirtió en porta voz del gobierno.
El procurador se conformó con cuatro preguntas, elegidas de manera arbitraria y a través de las cuales orientaba tanto las respuestas de Ghali como la decisión de no adoptar medidas preventivas sobre la base de una supuesta falta de cargos contra el imputado.
Esta maniobra sólo se explica por una voluntad de “exfiltrar” al imputado con argumento judicial y permitir al gobierno salir del callejón sin salida que él mismo se creó en colaboración con países terceros.
Independientemente de los cargos imputados y por los cuales la instrucción fue abierta, el simple hecho de acceder al territorio español cometiendo una infracción le resta toda credibilidad a Ghali y justificaría la adopción de medidas cautelares.
La falta de perspicacia inspirada por el gobierno, pone en duda una nueva comparecencia del acusado y la reparación de las victimas de sus derechos.
A pesar de que la imparcialidad no parece ser una virtud cardinal, el simple hecho de negar las declaraciones de los testigos, que nunca fueron recusados, denota la tesis de la violación de los principios de un proceso equitativo de la parte querellante.
En efecto, las garantías de un proceso equitativo exigen del juez que instruya acusación y defensa. La omisión de dichas garantías reduce el interrogatorio a un mero simulacro de instrucción en un solo sentido, en detrimento de la democracia española y por consiguiente de la independencia de la justicia.
La lamentable gestión de la cuestión de Ghali, tanto para el gobierno como para la justicia que se ha vuelto politizada, pone de manifiesto la legítima interrogación en cuanto al interés cosechado por España en esta crisis sin precedentes.
Con razón o sin ella, Marruecos defiende su soberanía sobre un territorio que considera suyo. Territorio del cual, poblaciones enteras, incluyendo ciudadanos españoles, fueron deportadas a los campamentos de Tindouf.
Y fue precisamente en estos campamentos donde los querellantes, ciudadanos españoles, fueron torturados y también los mismos campamentos desde donde fueron ordenadas y preparadas las expediciones criminales contra los pescadores canarios. Campamentos a los cuales Ghali ha sido reenviado para continuar con su obra.