Cámara de Representantes: mayoría y oposición llaman a la aplicación de las recomendaciones del informe 2021 del Tribunal de Cuentas

Los diputados de la mayoría y de la oposición en la Cámara de Representantes pidieron el martes al gobierno que aplique las recomendaciones contenidas en el informe 2021 del Tribunal de Cuentas, en particular las relativas a la inversión, la educación y la salud.

Durante una sesión plenaria dedicada al examen del informe, los grupos parlamentarios reafirmaron su compromiso de apoyar la aplicación de las recomendaciones de la institución constitucional, subrayando la necesidad de prever mecanismos para responder al conjunto de las observaciones y conclusiones mediante la dotación de recursos humanos y financieros, poniendo fin a la multiplicidad de actores, consagrando la convergencia y teniendo en cuenta el impacto social de las políticas públicas en los ciudadanos, además de acelerar el ritmo de las reformas estructurales.

Los parlamentarios destacaron también la importancia del informe, como mecanismo de comunicación que permite conocer el papel del Tribunal de Cuentas en el refuerzo de las normas de buen gobierno y el control de la gestión de los fondos públicos, subrayando la «escasa» respuesta de muchos sectores públicos a las recomendaciones relativas a los numerosos desequilibrios en la actividad de las instituciones y administraciones.

Aunque subrayaron que el informe abarca un periodo marcado por retos económicos y sociales sujetos a factores externos, insistieron en la necesidad de que el Gobierno asuma las funciones que tiene encomendadas para consolidar la economía nacional y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

A este respecto, los grupos parlamentarios se centraron en los retos a los que se enfrentan las finanzas públicas y la inversión, en particular las subvenciones a los precios al consumo y la financiación de las reformas sociales vinculadas al sistema sanitario, la protección social y la educación, señalando las carencias mencionadas en el informe, en particular las relativas al «seguimiento y control de la utilización de estas asignaciones que obstaculizan la eficacia de las inversiones».