Consejo del Gobierno: Adopción de un proyecto de decreto sobre la composición de la comisión nacional encargada de la aplicación de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad en materia de terrorismo y armamento
El Consejo del Gobierno, reunido por videoconferencia, hoy jueves en Rabat, bajo la presidencia del Jefe del Gobierno, Aziz Akhannouch, adoptó el proyecto de decreto 2.22.27 que modifica y completa el decreto 2.21.484 (3 de agosto de 2021) sobre la composición de la comisión nacional encargada de la aplicación de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad en relación con el terrorismo y la proliferación de armas, así como su financiación y modos de explotación.
Presentado por el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, este texto tiene por objeto añadir dos sectores vitales a la composición de dicha comisión, a saber, la Dirección General de Estudios y Documentación y la Agencia Nacional de Conservación Inmobiliaria, Catastro y Cartografía, habida cuenta del papel activo y estratégico de estas dos instituciones en el ejercicio de las atribuciones conferidas a la comisión, indicó el ministro delegado encargado de las Relaciones con el Parlamento, Portavoz del Gobierno, Mustapha Baitas, durante una rueda de prensa posterior al Consejo.
La incorporación de las dos instituciones también tiene en cuenta el valor añadido que su representatividad conferirá a la acción de la comisión en la aplicación de las sanciones contenidas en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relacionadas con el terrorismo y la proliferación de armas, su financiación y sus modos de explotación.
La creación de la comisión se decidió en el marco de la acción y los esfuerzos de Marruecos para adecuar el sistema nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) y a los 11 resultados inmediatos, a través de la ley 12.18 por la que se modifica y completa el Código Penal y la ley 43.05 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, que ilustran el compromiso del Reino con el respeto de las normas internacionales en este ámbito.