La Fiscalía de Chile abrió una investigación luego de la violenta protesta contra migrantes venezolanos
La Fiscalía de Chile abrió una investigación por el violento ataque a un grupo de venezolanos indocumentados el pasado sábado, cuyas precarias pertenencias fueron quemadas en la ciudad de Iquique (norte de Chile) por un grupo de manifestantes que protestaban en contra de la creciente llegada de migrantes al país.
Según informó la Fiscalía de la región de Tarapacá -región del norte de Chile- a través de Twitter, la fiscal de Iquique, Jócelyn Pacheco, instruyó a la Policía de Investigaciones para que averigüe «el desarrollo y los responsables de los hechos ocurridos que terminaron con la quema de pertenencias de familias migrantes».
«Se abrió una causa por los delitos de incendio y daños, y al momento de tomar contacto con las víctimas se pudo determinar que hay al menos 16 personas afectadas, tres hombres, un menor de edad y 13 mujeres, a quienes se les entrevista y se les ofrece apoyo económico y sicológico de parte de la Unidad de Atención a las Víctimas», comentó por su parte la fiscal Pacheco en diálogo con el diario local La Tercera.
La investigación se inició un día después de los hechos que ocurrieron en la ciudad de Iquique el sábado por la mañana, donde un grupo de entre 3.000 y 5.000 personas -según consignaron los medios presentes- desplegaran una marcha «antimigración» en la central Plaza Brasil que terminó con agresiones hacia extranjeros: un grupo quemó carpas, ropa, juguetes y otros elementos de personas que dormían en la calle a la espera de regularizar su situación migratoria.
Tras los acontecimientos, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela -que responde al régimen de Nicolás Maduro-, Delcy Rodríguez, repudió las agresiones en su cuenta de Twitter. «Venezuela repudia la xenofobia y agresiones contra migrantes venezolanos y exige a las autoridades nacionales y locales de Chile respeto a la integridad física y psicológica de nuestros connacionales», manifestó.
Asimismo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) manifestó su «preocupación por la situación de cientos de niños inmigrantes en Iquique y pide al Estado garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país”, señaló la organización internacional en una declaración.
Antes, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los Migrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Felipe González, había calificado lo sucedido como «inadmisible humillación contra migrantes vulnerables”, según expresó en su cuenta de Twitter y agregó que «el discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo».
Si bien el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, manifestó su desacuerdo con la violenta protesta del sábado, expresó a la prensa local que el Gobierno va a «seguir los desalojos en todos los espacios públicos que se requieran para darle tranquilidad a los vecinos y vecinas que viven, los vecinos históricos de las distintas ciudades, fundamentalmente de Iquique, y también vamos a seguir con el plan de expulsiones, tal como lo hemos definido en los últimos días».
Los ingresos de migrantes a Chile por pasos clandestinos suman 23.673 hasta julio, casi 7.000 más que en todo el año pasado, según el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) del mes de septiembre. Si bien la mayoría intenta llegar a la capital chilena Santiago, aquellos que carecen de recursos para costear el viaje han tenido que quedarse en Iquique u otras ciudades del norte del país acampando en las calles en precarias condiciones.