Un testigo dice al juez que Ghali estaba presente en supuestas torturas del Frente Polisario

El activista Ahmed Tarouzi asegura en su declaración en la Audiencia Nacional que era él quien daba las órdenes, aunque no vio que las infligiera personalmente
Un testigo de las supuestas torturas infligidas por el Frente Polisario en los campamentos de Tinduf (Argelia) ha asegurado hoy al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que Brahim Ghali era quien daba las órdenes y que en alguna ocasión el líder polisario estaba presente mientras aquéllas se llevaban a cabo. Según fuentes jurídicas, Ahmed Tarouzi -un activista que afirma haber sido secuestrado y torturado por el Frente Polisario durante once años- ha llegado a explicar al magistrado durante su declaración que una de esas torturas consistía en “arrancar los dientes y las muelas” a los prisioneros. “Ha identificado a sus torturadores -apuntan esas mismas fuentes-, entre los que estaba Ghali, aunque él no torturaba, daba las órdenes”.
Ante Pedraz -que investiga a Ghali por torturas, detención ilegal y genocidio a raíz de dos querellas de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) y del activista saharaui de origen español Fadel Breica- debía comparecer hoy también un segundo testigo que compartió cárcel con Breica y que, según figura en la denuncia de éste último, presenció las torturas que le infligieron en 2019. Su declaración fue aplazada el pasado 29 de junio por problemas de visado, pero estos no se han resuelto y no ha podido tampoco testificar ahora.
Fadel Breica y dos testigos responsabilizaron al líder del Frente Polisario de las supuestas torturas infligidas en los campamentos de Tinduf en 2019. Las torturas se ejercian por orden de Brahim Ghali” porque dada la estructura del Frente Polisario “era absolutamente imposible” que pasase algo dentro de los campamentos a lo que no diese su visto bueno.
Las denuncias contra Ghali
En su querella, Asadedh y tres supuestas víctimas (a las que posteriormente se han sumado varias más) -entre ellas Hosein Baida Abdelaziz, ciudadano español residente en Trebujena (Cádiz), y Dahi Aguai, saharaui de origen español- responsabilizan directamente a Ghali del “trato sufrido por los prisioneros de guerra así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario”.
También pusieron sobre la mesa un informe de la ONG francesa France Libertés al hacer referencia a un “durísimo catálogo de torturas realizadas por miembros del Frente Polisario a disidentes y prisioneros, con la frecuente asistencia de miembros de los servicios de seguridad de Argelia”. Un trato inhumano que incluiría desde “latigazos con un cable eléctrico” hasta el “encierro en un baúl metálico durante 23 horas al día por periodos que pueden llegar a un año”, apaleamientos, suspensión de prisioneros por los pies durante varias horas, suplicio del agua (mantener la cabeza sumergida en un depósito de agua “hasta la sofocación”), etc. En su denuncia identifican a 89 víctimas, aunque según aseguran la lista de víctimas es “desesperadamente extensa”.
Por su parte, Breica afirma en su querella que tras llegar a los campamentos polisarios de Tinduf en abril de 2019, fue acusado de traidor . Tras protagonizar varios actos de protesta contra los dirigentes del Frente Polisario, en junio de ese año fue detenido. Durante esa reclusión, Breica afirma que fue golpeado y sometido a descargas eléctricas mientras le mantenían con los ojos vendados y las manos y pies atados. Tras ponerse en huelga de hambre, finalmente fue liberado el 10 de noviembre de 2019. «Fui arrestado de manera inhumana y sometido a severas torturas en los primeros diez días en las cárceles secretas del Frente», denunció a este periódico.
La presencia de Ghali en nuestro país -adonde llegó para recuperarse del Covid el pasado 18 de abril con el aval del Gobierno por “razones humanitarias”- provocó una grave crisis diplomática con Marruecos y una avalancha migratoria en Ceuta. Ghali estuvo ingresado en el hospital de San Pedro de Logroño (donde se dio de alta con documentación falsa, pese a tener un DNI en vigor renovado en 2016) hasta la madrugada del pasado día 2, horas después de declarar como investigado por videoconferencia ante el juez Pedraz, que no le impuso ninguna medida cautelar que limitase sus movimientos.