Sáhara: una opinión políticamente orientada del Abogado General del TJUE sobre el Acuerdo de Pesca Marruecos-UE

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La opinión emitida por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Union Europea, Melchior Wathelet, para invalidar el acuerdo de pesca entre Marruecos y la UE suena como ya vista, y su evidente orientación política empaña su valor legal, especialmente dado que se produce solo tres días después de la solicitud de la Comisión Europea de iniciar negociaciones con Marruecos para un nuevo acuerdo.
Bajo el pretexto de argumentos legales, el Abogado General sorprende por su parcialidad en el acuerdo pesquero y el caso del Sahara, mientras que sus conclusiones revelan una profunda ignorancia del derecho internacional y del discurso de la UE en sus relaciones estratégicas con Marruecos.
La precipitación del abogado Melchior Wathelet para expresar su opinión probablemente fue motivada por la agenda de las negociaciones entre Marruecos y la UE. El Consejo de la UE debe aprobar la recomendación de la Comisión Europea en las próximas semanas para permitir la apertura de negociaciones sobre el nuevo acuerdo de pesca, mientras que el actual acuerdo expira el 14 de julio de 2018.
La Comisión se basa en una evaluación independiente publicada el lunes 8 de enero, que destaca el balance positivo del actual acuerdo de cuatro años para ambas partes.
Del lado marroquí, la evaluación enfatiza los beneficios para el desarrollo económico en beneficio de la población local. También destaca los desembarques en los puertos locales y el embarque de casi 200 marineros locales empleados a bordo de barcos pesqueros europeos.
Muchos elementos que plantean muchas preguntas sobre la declaración del defensor general del TJUE en este momento. Este no es su primer intento de este tipo.

Melchior Wathelet ya había publicado, en septiembre de 2016, conclusiones igualmente políticamente orientadas sobre el acuerdo agrícola Marruecos-UE.
Sus conclusiones fueron luego desautorizadas por los jueces del Tribunal, cuyo veredicto final había concluido a la legalidad de los acuerdos entre Marruecos y la UE y la inadmisibilidad de los recursos interpuestos por el Polisario.